June 25, 2022

Marisa -nombre ficticio- tiene 43 años y trabajaba como vendedora de bienes raíces antes de la pandemia. Hoy no puede caminar, le tiemblan las piernas en cuanto da dos pasos. Tiene Covid en curso, ha perdido todos sus ingresos, no tiene control sobre el estado y está al borde del desalojo.

La falta de aire o dificultad para respirar, la taquicardia y las fiebres persistentes forman parte de su día a día desde que se contagió de Covid-19 en marzo de 2020. El largo Covid que padece está reconocido en más de media docena de informes médicos a los que El Salto ha accedido a tener acceso. “Desde marzo de 2020 la paciente presenta síntomas muy incapacitantes que no le permiten llevar una vida normal ni trabajar”, ​​dice uno de los documentos, obtenidos del Hospital Infanta Cristina de Parla, municipio donde reside. Sin embargo, en febrero de 2021, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negó la incapacidad permanente “porque no alcanza las lesiones que sufre en grado suficiente para reducir su capacidad de trabajo”, según la resolución. Resolución contra la que se han interpuesto recursos administrativos y judiciales: El 28 de junio se llevará a cabo un juicio contra esta institución. Al mismo tiempo, dejó de recibir ingresos. Sin ingresos, no pudo pagar el alquiler y finalmente perdió su apartamento actual. Este martes recogió la notificación que le da treinta días para salir de casa.

“No me cuido”, se lamenta Marisa, ilustrando cómo todas las puertas se le están cerrando. Solo reconocían una invalidez del 50 por ciento sin pensión asociada y no podían reclamar el derecho a alimentos

“No me cuido”, se lamenta Marisa, ilustrando cómo todas las puertas se le están cerrando. Sólo le reconocían una invalidez del 50 por ciento, sin pensión asociada, y tampoco podía reclamar el derecho a alimentos. “Debo 10.000 euros y no puedo caminar. No sé ni a dónde ir ni qué hacer con mi vida”, lamenta, golpeada por una de las caras más duras y desconocidas del Covid, sola hoy ante sus consecuencias más agudas.

El Covid que no acaba - 2

La imagen de cualquier medicamento que tomes se ve empañada por el Covid en curso.

David F Sabadell

A su lado están los activistas de la PAH Parla, que incluso le han ayudado con la compra básica en los últimos meses. Acaban de alcanzar una Renta Mínima de Inserción (RMI) de $400 y eso es lo único que hay que celebrar. Se quejan de la escasa ayuda del Ayuntamiento de Parla, que está gobernado por el PSOE y Unidas Podemos-Izquierda Unida. Otra parla es posible. Sólo le dieron una mensualidad de 150 euros cada dos meses, “que no me dio ni para pagar los suministros, llevo deudas de luz y agua”, añade Marisa.

“La única solución habitacional que le dio el ayuntamiento fue que alquila una habitación y a los dos o tres meses le dan el dinero”, denuncia la PAH Parla, que también se quejan en el ayuntamiento de la localidad allí Subvenciones municipales para vivienda social en régimen público hay terrenos disponibles y muchos apartamentos desocupados están en manos de fondos buitres.

Además, hace “gastos innecesarios” desde la oficina de vivienda. “Encargaron un informe a un despacho de abogados, por el que pagaron 18.000 euros, para conocer la situación en un barrio de Parla Este. Con ese dinero quieren saber cuántas personas viven en casas de alquiler, cuántas tienen hipotecas… mientras hay mujeres como Marisa al borde de la pobreza. Es una pena”, dicen. También añaden que, paradójicamente, acaban de inaugurar un monumento feminista valorado en 48.000 euros. “Somos muy críticos con estas cosas, el municipio debería reaccionar y dar vivienda a las mujeres vulnerables”, denuncian.

Coronavirus

Los olvidados de la pandemia

Negacionismo persistente del Covid: una cuestión de recursos

Afectada por mucho Covid, denuncian que el Ministerio de Salud encargó un informe sobre su enfermedad a un médico que dudaba de ella. Ven una voluntad restrictiva detrás de esta decisión porque su reconocimiento implica una inversión de recursos en prestaciones por invalidez.

El Covid que no acaba

Sanitario del Hospital Jiménez Díaz

La negativa del INSS

La negación del INSS ante el Covid en curso es algo que asociaciones y sindicatos de víctimas han denunciado últimamente y que puede desembocar en situaciones como la de Marisa. Según la Sociedad Española de Medicina General y Familiar (SEMG), el 79% de los afectados son mujeres y se han identificado más de 200 síntomas.

“El INSS no reconoce el Covid en curso como una enfermedad incapacitante. En una reunión que tuvimos en la provincia de Aragón, nos aseguraron. Dicen que aunque la OMS les reconoce la enfermedad, no los incapacita porque no les han llegado muchos casos. Eso es lo que manifiestan”, explicaba a El Salto José Luis Berné, secretario general de Medicina del Trabajo de la CGT Aragón-La Rioja, para quien nos encontramos ante un gran problema.

“Si 12 millones de personas tienen Covid, el 10% presentará un Covid largo y de ese porcentaje el 75% está en edad de trabajar, estamos hablando de varios millones que potencialmente podrían quedar discapacitados. Ellos niegan esa realidad”, dice.

“Siempre tienes un factor que el INSS sabe que mucha gente no va a llevar sus reclamos por la vía administrativa y mucha menos va a ir a juicio. Creemos que más del 60% de las solicitudes serían positivas si hicieran reclamos”.

El representante de CGT Aragón describe que antes de la pandemia ante los juzgados de lo social el 40% de las reclamaciones eran a favor de los trabajadores. “Siempre tienes un factor que el INSS sabe que mucha gente no va a llevar sus reclamos por la vía administrativa y mucha menos va a ir a juicio. Creemos que más del 60% de las solicitudes serían positivas si aplicaran”, advierte y agrega que entre aplicaciones cientos de miles de personas se encontrarán en una situación complicada: renunciarán a su trabajo o serán despedidas por ser incapaz de hacer su trabajo.

“Solo quiero curarme”, dice Marisa, que quiere dejar claro que no aspira a una pensión, sino a la salud para poder trabajar. “Solo me preocupa ponerme bien, he perdido 15 kilos y me amenazan con desalojarme y no sé qué hacer conmigo”, repite esta víctima.

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